Antropofagia bancaria

Alvaro Madrigal

Publicado en el diario La República, 23 de abril de 2009.

El Indice Mensual de Actividad Económica (IMAE) advierte el desplome de la economía nacional y preludia lo que va a ocurrir en el empleo una vez que la anemia desborde los ámbitos de las empresas instaladas en las zonas francas, que han sido sus primeras víctimas. Su pequeña participación en la generación de empleo explica por qué la desocupación no ha explosionado, como sí ocurrirá cuando se desplome un sinnúmero de pequeñas y medianas empresas apaleadas por la crisis y sumidas en el desamparo, porque ni el Estado ni sus bancos han llegado a prestarles oportuno y suficiente auxilio.

En las arcas bancarias hay dinero en abundancia, pero restricciones de diverso origen impiden prestarlo. La única opción son las operaciones “back to back”, versión carente de todo sentido de solidaridad y servicio social y que implica —vaya ironía— que sea la empresa sedienta de plata la que le dé al banquero los recursos que le va a prestar. Pero, ¿cuántas pequeñas y medianas empresas pueden hacerlo? Es esta una versión más de la vieja “ley del embudo” tan lucrativa para algunos y que está, también, tras la propuesta de los bancos privados para que se les entreguen los recursos provenientes del préstamo del BID por $500 millones y que en el fondo implica que el país se endeude para capitalizar a estos bancos.

Si el Banco Central no flexibiliza su política monetaria y si no se adaptan a la realidad existente las regulaciones del crédito bancario, probablemente se agrave la crisis económica y social, ya con dimensiones de peligro público. Sería esta una eventualidad que desnudaría las debilidades del “Plan Escudo” con que el gobierno pretende encarar las consecuencias de la crisis, que no contiene las medidas idóneas para responder a los problemas que se avecinan ni para proteger a los sectores de la población más vulnerables. Ni siquiera está acompañado de la presión del Presidente de la República para hacer que el sector bancario modifique la política monetaria y crediticia, voluntad que sí hizo manifiesta a la hora de bendecir las reformas a la legislación laboral para relajar el régimen regulador de las jornadas laborales, su pago y los días de descanso, versión que reparte las secuelas de la crisis sin sentido de equidad: don Oscar vota por otras jornadas de trabajo, ingresos y tratamientos de la cesantía, pero nada dice de que lo que el capital deba aportar como contrapartida.

Si lo que impide al Presidente hacer que se modifique la política monetaria y crediticia es un prurito de no tocar al Banco Central, el tema a discutir son las potestades del instituto emisor: es un ente autónomo o es una república independiente. Prácticamente el instituto emisor gobierna el país, impone sus criterios y deja en el aire el pensamiento del Presidente de la República que avaló una mayoría de ciudadanos en una consulta popular. Resultaría que siete ciudadanos no electos por el pueblo podrían soterrar una propuesta de gobierno, una visión de país, un modelo de política social simplemente porque ellos (Banco Central) tienen “argumentos técnicos” para hacerlo, según decir de Francisco de Paula Gutiérrez en la revista “Poder”. Más si nos amarraron a compromisos con el Fondo Monetario Internacional, muy a tono con el desacreditado Consenso de Washington.